Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, comunidades de República Dominicana exigen responsabilidad ambiental
Este artículo fue escrito por Diana Martin (MiningWatch Canada) y Jan Morrill (Earthworks).
Este artículo fue escrito por Diana Martin (MiningWatch Canada) y Jan Morrill (Earthworks).
Publicado originalmente por OLCA. Ver la versión original aquí.
Hoy, MiningWatch Canadá asistió a la Asamblea General Anual virtual de Barrick Mining. Catherine Coumans, de MiningWatch, asistió en calidad de representante de accionistas. Ella presentó con antelación las cuatro preguntas incluídas a continuación, mucho antes de que el director ejecutivo, Mark Hill, abriera el espacio para preguntas. Sin embargo, cuando llegó el momento de leerlas, la persona designada por Barrick, únicamente leyó las preguntas de MiningWatch relacionadas con la mina Veladero en Argentina, omitiendo un breve preámbulo contextual.
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(Toronto – ON) Con motivo de la Asamblea General Anual de 2026 de Barrick Mining Corporation (Barrick), las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa minera en América Latina, África y Asia-Pacífico están alzando la voz para denunciar las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales vinculados a los proyectos mineros globales de Barrick.
77 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil ecuatorianas, canadienses e internacionales han enviado una carta formal al embajador canadiense en Ecuador, Craig Kowalik, instándole a que la embajada canadiense aplique las Directrices de Canadá para el apoyo a los defensores de los derechos humanos en respuesta a la criminaliza
Paloma Martinez Mendez, Radio Canada Internacional
Ecuador y Canadá están cada vez más cerca de oficializar su acuerdo comercial. Pero líderes indígenas del país sudamericano denuncian falta de consultas y piden transparencia. Voces oficiales y comunitarias evidencian un choque de agendas.
Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y defensa de la naturaleza que suscribimos expresamos nuestra profunda preocupación por la sentencia condenatoria a las y los defensores Piedad Guaranda, María Ortega y Wilfrido Escobar a cuatro (4) años de prisión y al pago de quince (15) salarios básicos unificados, emitida por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.