Blog escrito por MiningWatch Canada y Earthworks.
Los residentes que viven cerca de la sexta mina de oro más grande del mundo han emprendido acciones legales para proteger sus comunidades, ecosistemas y derechos.
Comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil han presentado dos recursos de amparo constitucional, solicitando la suspensión inmediata de los recientes esfuerzos de Barrick Mining Corporation para iniciar la construcción de una nueva inmensa presa que albergaría los desechos mineros que incluye relaves y la roca estéril.
La Instalación de Almacenamiento de Relaves El Naranjo, como se la conoce, se encuentra junto a la mina de oro y plata de Barrick en Pueblo Viejo, en la provincia de Sánchez Ramírez. Cientos de familias que habitan en seis comunidades rurales cercanas advierten que el proyecto representa graves riesgos para la tierra, el agua y su salud.
Preocupaciones ambientales y sociales
La evaluación de impacto ambiental y social (ESIA) realizada por Barrick para el proyecto El Naranjo, presentada en 2022 y publicada en 2023, propone el depósito de 344,7 millones de toneladas de residuos y 452,7 millones de toneladas de roca estéril potencialmente generadora de ácido en la instalación. La ESIA ha sido objeto de críticas por parte del experto geofísico estadounidense Dr. Steven Emerman y las comunidades, quienes sostienen que carece de datos esenciales para evaluar adecuadamente los riesgos.
Según Barrick, la actual presa de relaves El Llagal alcanzará su capacidad máxima en 2027, lo que hace necesaria la construcción de una segunda instalación para residuos mineros. Barrick ha clasificado las consecuencias de un posible colapso del depósito El Naranjo, como “extrema”, lo que significa que una falla de la presa podría ocasionar más de 100 muertes. El Dr. Emerman estima que una falla de la presa podría afectar una zona de 227 kilómetros, que incluye cursos de agua como los ríos Maguaca y Yuna, el lago Hatillo y la bahía de Samaná.
Crecientes protestas y oposición
Las tensiones se intensificaron el 8 de enero de 2025, cuando según varios informes de los medios, la policía y las fuerzas militares se concentraron en la comunidad de Zambrana en los que los miembros de la comunidad consideran un intento de desalojo violento. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, balas de goma, y ocho personas resultaron heridas, entre ellas un sacerdote local.
En respuesta, los miembros de la comunidad han participado en protestas pacíficas, como encadenarse a los árboles para impedir la deforestación y la destrucción ecológica. El 30 de mayo de 2025, las tensiones escalaron cuando fuerzas militares “dispersaron con disparos y gases lacrimógenos” a manifestantes que denunciaban la detención de varios miembros de la comunidad. La comunidad sostiene que un vecino, Jesús Tejada, “murió de un ataque al corazón” a causa de las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por la policía. Por su parte, Barrick declaró que “el proceso se ha visto afectado negativamente por un pequeño grupo de personas que, entre otras cosas, están instigando el bloqueo ilegal de las vías públicas para servir a sus propios intereses económicos”.
Acciones legales para proteger los derechos y el medio ambiente
En respuesta a la creciente crisis, las comunidades locales, con el apoyo de organizaciones como el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), presentaron recientemente dos recursos de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Las demandas sostienen que el proyecto El Naranjo viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la dignidad, el agua, la seguridad alimentaria y un medio ambiente saludable.
Estas peticiones exigen la suspensión inmediata de todas las actividades de construcción y la cancelación de los permisos ambientales correspondientes. También exigen una revisión independiente de la seguridad de las presas existente y propuesta, la divulgación pública de todos los resultados, y una evaluación exhaustiva de opciones más seguras para la eliminación de residuos.
Así mismo solicitan una moratoria de la tala de árboles y la construcción de carreteras cerca del río Naranjo; una revisión de la evaluación de impacto ambiental y social que cumpla con los estándares internacionales; un plan financiado para el monitoreo continuo, el mantenimiento y el tratamiento del agua después del cierre de la mina; y un plan detallado de riesgos hidrogeológicos y de mitigación.
A través de estas acciones legales, las comunidades buscan defender sus derechos, proteger ecosistemas vitales y exigir responsabilidades tanto al gobierno como a Barrick ante la intensificación de las amenazas industriales. La audiencia está programada para el 22 de julio de 2025.
Ver la respuesta de Barrick a un borrador de este blog.
Foto: Vista desde el campamento comunitario mientras se despeja el área para construir una nueva carretera como parte de la ampliación de la mina.