Image
Protesta contra la minería de oro

Ecuador: Azuay dice no a la licencia ambiental para Dundee Precious Metals en Ecuador

Jamie Kneen

National Program Co-Lead

Defensores del medio ambiente Cuenca, Ecuador presentaron una medida cautelar contra el proyecto Loma Larga, de propiedad canadiense, y anunciaron varias acciones en protesta por la decisión arbitraria del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) de otorgar una licencia ambiental para la explotación a Dundee Precious Metals.

Yaku Pérez, el abogado que presentó la medida cautelar en nombre de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay (FOA), afirmó que ésta tiene por objeto “revocar inmediatamente la licencia ambiental, suspender las actividades mineras en Kimsakocha y ordenar la retirada inmediata de las fuerzas militares y policiales de Kimsakocha.”

El Gobierno pro minero de Noboa ha sido contundente en su intención de convertir a Ecuador en “el próximo destino minero,” promoviendo agresivamente el potencial minero del país ante los inversores en la escena internacional y queriendo acelerar la minería industrial en zonas ecológicamente sensibles como el páramo de Kimsakocha, a pesar de que la mina está suspendida desde 2022 debido a una orden judicial provincial y a tres consultas populares: Victoria del Portete (2011), Girón (2019), y Cuenca (2021), en las que los ciudadanos votaron abrumadoramente en contra de la minería en la zona.

El proyecto minero ha recibido un importante rechazo durante 30 años por su potencial impacto en el suministro de agua local y en ecosistemas frágiles como el páramo. Estas preocupaciones han sido validadas por numerosos informes científicos independientes, entre ellos el de Terrae en 2022 y el de la empresa municipal de servicios públicos de Cuenca, ETAPA, en 2024.

«Claramente se puede ver complicidad [entre el gobierno y el estado] dado que la minera únicamente contempla una pequeña área de 2.000 hectáreas indicando que hay va a ocurrir el impacto cuando el agua contaminada va a circular por nuestros ríos [...] y todo a su paso. Así que las personas contaminadas no solo son una o dos comunidades sino es todo el cantón Cuenca.” Rigoberto Guerrero, Subgerente ambiental, ETAPA.

La concesión de la licencia ambiental ha desatado una nueva ola de indignación entre las comunidades indígenas y campesinas afectadas que habitan el páramo, así como entre grupos ambientales urbanos como El Cabildo por el Agua y estudiantes de la Universidad de Cuenca.

Hace unas semanas, la comunidad indígena de San Pedro de Escaleras y sus aliados denunciaron públicamente un controvertido proceso de consulta para la aprobación del proyecto que, supuestamente, obtuvo el 100 % de su aprobación. Argumentaron que este proceso de consulta no se llevó a cabo realmente, ya que se realizó con un grupo selecto de personas, pisoteando los derechos de la comunidad e ignorando sus preocupaciones.

A principios de junio, FOA y la comunidad de Escaleras, junto con los Sistemas Comunitarios de Agua de Tarqui y Victoria del Portete Girón, presentaron una denuncia ante la OIT contra el Gobierno ecuatoriano por violar su derecho a la libre determinación.

El 8 de julio, comunidades y organizaciones rurales y urbanas participaron en una Asamblea por el Agua y los Páramos. La resolución detalla una serie de acciones a seguir en caso de que el gobierno no de marcha atrás y no revoque la licencia ambiental.

En ella se afirma: “Nuestra vida e identidad están profundamente ligadas al agua, los ríos y los páramos: son parte de nuestra cultura, historia y vida. Por eso manifestamos nuestra firme decisión de hacer respetar el mandato popular que prohíbe la minería metálica en nuestros territorios.”

Dundee Precious Metals dice de la licencia que “Este es un [...] importante hito para Loma Larga [... Tiene] el potencial de generar fuertes rendimientos para nuestros inversores y partes interesadas.” Sin embargo, las preocupaciones expresadas por la FOA, los Sistemas Comunitarios de Agua de Tarqui, Victoria del Portete, Girón, y Escaleras, el Cabildo por el Agua, y otros grupos rurales y urbanos envían un mensaje contundente a los inversores de que sigue sin existir licencia social la mina Loma Larga. El proyecto seguirá recibiendo el rechazo de un amplio sector de la población de Azuay, tal y como ha ocurrido durante los últimos 30 años.