En una tetería de Karaibrahimler, un pueblecito de la frondosa península de Biga, al noroeste de Turquía, jóvenes ecologistas venidos de Estambul y de la vecina ciudad de Çanakkale debaten con varios hombres de más edad, sentados a una mesa, sobre el proyecto minero aledaño para extraer oro y plata.

Siete de los lugareños trabajan en el yacimiento minero de la empresa canadiense Alamos Gold. Los hombres no ocultan su recelo y desconfianza al ser sermoneados sobre los peligros medioambientales y sanitarios de la mina. Uno de ellos da la espaldas a los activistas y les suplica que le dejen en paz.

DECLARACIÓN DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM: A través de varios encuentros en distintas comunidades, nos hemos reunido con el fin de analizar una respuesta a la vulneración sistemática de nuestros derechos colectivos por parte del Estado y las empresas mineras que vienen operando en nuestro territorio ancestral. Frente a esta situación, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, que reconoce nuestra facultad de determinar nuestro presente y futuro, y dado que la entrada de empresas mineras en nuestro territorio ancestral sin nuestro consentimiento ha generado grandes impactos en nuestra forma de vida, hemos decidido lo siguiente:

El 19 de Agosto, miembros de la familia de Mariano Abarca juntos con organizaciones mexicanas llevaron a cabo una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez para denunciar el decimo ano de impunidad por el asesinato de Mariano Abarca y anunciar su decisión de utilizar su derecho a la apelación y apelar la decisión reciente de la Corte Federal de Canadá de no ordenar al Comisionado para la Integridad del Sector Publico investigar a los actos y omisiones de los funcionarios de la embajada canadiense en México con respecto al asesinato de Mariano.

(Ottawa/Mexico City/Tuxtla Gutiérrez) La familia de Mariano Abarca, quien fue asesinado hace casi 10 años por su liderazgo en protestas contra los impactos ambientales y sociales de una mina canadiense en Chiapas, México, entregó su notificación de casación con la Corte Federal de Apelación en Ottawa. Están apelando la decision en julio del juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Bowell, quien admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”, y aún rechazó ordenar una investigación.

En su campaña electoral de 2015 Justin Trudeau prometió que Canadá contaría con un organismo independiente y con marcados poderes para investigar el proceder de sus compañías en el extranjero, un asunto que ha afectado considerablemente la imagen canadiense en distintas zonas del mundo en temas relacionados con el cuidado medioambiental, los derechos humanos y las decisiones de los pueblos indígenas.