El 18 de julio de 2019, la Presidenta y Consejo Ejecutivo del Pueblo Shuar Arutam, que representa a más de 12,000 habitantes del territorio indígena Shuar Arutam, emitió una declaración (a continuación en su totalidad) con respecto al proyecto "Warintza" de Solaris Copper en el sur de Ecuador.
(Chiapas, México City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.
En julio del 2019, un miembro de la organización Putaendo Resiste se reunió con los miembros de MiningWatch Canadá para presentarles con una “Carta Abierta al publico canadiense: la empresa canadiense “los Andes Copper ltda.” Destruye, mata, extermina, miente y soborna en Putaendo, Chile.”
El 10 de julio de 2019, el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte de Ecuador (OMASNE) denunció que la empresa canadiense Cornerstone Resources (TSX: CGP) continúa firmando acuerdos con proprietarios para continuar sus esfuerzos de exploración en el área de influencia de El Bosque Protegido Los Cedros, a pesar de que la Corte Provincial de Imbabura dictaminó que el proyecto violaba el derecho de consulta ambiental y revocó sus permisos ambientales.
El 3 de Julio, 2019, la coordinadora de la red Rompiendo el Silencio presentó una carta firmada por sesenta y siete organizaciones gualtematecas e internacionales al fiscal general del ministerio publico de Guatemala. En la carta, las organizaciones expresan su solidaridad y exigen que se cumpla con las medidas de proteccion para el abogado Xinca, Lic. Quelvin Jimenez y las comunidades en resistencia pacifica contra la mina Escobal en Guatemala.
(Williams Lake, Columbia Británica) El Pueblo Tŝilhqot'in se está congregando para realizar una acción pacífica con objeto de ejercer sus derechos indígenas y leyes ancestrales en la protección de Teẑtan Biny (Lago del Pez) y Yanah Biny (Lago del Pequeño Pez), un lugar de profunda significatividad cultural y espiritual para las comunidades tŝilhqot'in, ante la amenaza de un extenso programa de perforación de Taseko Mines Ltd. (TML) vinculado a la mina propuesta, y rechazada, denominada New Prosperity.
El 27 de junio de 2019, TML se comunicó por escrito con el Pueblo Tŝilhqot'in para informar que movilizaría maquinaria pesada, incluyendo equipos de tala y despeje de carreteras, a partir del 2 de julio de 2019. En su comunicación escrita, TML también indicó que las actividades en las que se alteraría el suelo comenzarían el 3 de julio de 2019. Este hecho vulnera de forma directa el derecho tŝilhqot'in; Taseko Mines Ltd. no cuenta con el consentimiento del Pueblo Tŝilhqot'in para realizar este trabajo. Ante la negativa de la empresa de considerar su solicitud de detener el programa de trabajo, el Pueblo Tŝilhqot'in se ha visto obligado a tomar medidas para proteger este sitio sagrado.
Este informe examina la manera en que empresas mineras interponen demandas multimillonarias en contra de países de América Latina cuando sus cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales - particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería - que afectan sus inversiones. El informe demuestra como el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor. La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley.
El 8 de abril de 2019, el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional nombró a Sheri Meyerhoffer funcionaria pública, en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público, y "asesora especial del Ministro de Comercio Internacional". Aquí la posición de MiningWatch Canadá.
227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala.
Determina que las concesiones reclamadas son ilegales, por haberse violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Reconoce que Tecoltemi es una comunidad indígena, bastando su auto adscripción al pueblo Nahua, para tal reconocimiento.
