El 21 de enero de 2022, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Argentina (UACCh) lanzó la tercera iniciativa popular, "Chubut Sin Megaminería". Ese mismo día las Asambleas comenzaron la recolección de firmas en la provincia para presentar un proyecto de ley que, de convertirse en realidad, podría fortalecer la protección del agua y el medio ambiente de los impactos devastadores de la minería industrial en Chubut.

La semana pasada, la legislatura provincial de Chubut (Argentina) votó a favor de permitir la explotación minera a cielo abierto en determinadas zonas de la provincia, anulando importantes protecciones medioambientales que llevaban casi 20 años prohibiendo esta práctica.

El 15 de diciembre, la legislatura provincial de Chubut, en una sesión sorpresa e ignorando las demandas ciudadanas, votó por permitir la minería a cielo abierto en la Patagonia argentina. Impulsado en medio de preocupaciones sobre corrupción y presión política por empresas mineras canadienses, la legislatura votó 14 a 11 a favor del proyecto de zonificación minera 128/20 que permite la minería a cielo abierto en la meseta de la provincia, en el departamento de Telsen y Gastre. Las comunidades se tomaron las calles de manera inmediata con el fin de protestar pacíficamente y desde entonces han sido objeto de represión policial, múltiples arrestos y disparos de balas de goma. 

El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.

Gobiernos y corporaciones mineras, en su mayoría canadienses y australianas en los casos documentados, están posicionando la minería como una actividad clave e indispensable para resolver la crisis ambiental impulsando su expansión a territorios cultural y ecológicamente frágiles. Este "boom" de la "minería verde" está afectando cada vez más los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades. Las comunidades de base, expertxs, académicxs y activistas afirman que una transición energética que dependa en gran medida de la extracción de nuevos materiales sin que se planteen preguntas clave como energía para qué, para quién y a qué coste socio-ambiental no hará sino reforzar las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la cual nos encontramos a nivel mundial.

Rregístrate aquí para acompañarnos este 29 de noviembre en un conversatorio con tres movimientos de Colombia y Guatemala que resisten a la minería para hablar sobre sus luchas y los peligros y las injusticias del sistema Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ISDS por sus siglas en inglés), consagrado en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia y en miles de otros acuerdos internacionales de inversión en todo el mundo. Discutiremos sobre cómo estos tratados afectan sus vidas, territorios y soberanía, además de reflexionar sobre lo qué podemos hacer para apoyar estos procesos locales de resistencia y tomar acciones.

18 de octubre de 2021 

Santa Cruz, Bolivia. El 12 de octubre de 2021, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y miembros del Consejo Municipal de Potosí bloquearon la entrada a la planta de óxidos de San Bartolomé, propiedad de la empresa canadiense Andean Precious Metals (TSX: APM) en Potosí, Bolivia. Afirman que las operaciones mineras de la empresa son responsables de la actual destrucción del Cerro Rico de Potosí, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y wak´a sagrada para la nación indígena Qaraqara.

Oaxaca a 29 de septiembre de 2021

A los medios de comunicación

Al público en general

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazamos ampliamente la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dada a conocer el pasado 10 de septiembre, en el caso de la demanda de Eco Oro contra Colombia, por al menos tres razones: consideramos que (i) es inconsistente y refleja un desconocimiento profundo de la complejidad socio-ambiental del caso; (ii) es producto de un sistema de arbitraje de inversiones ampliamente discrecional e injusto que facilita act