La siguiente carta fue enviada al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, Ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro, Ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó, y al Director General de First Quantum, Tristan Pascall, por 5 organizaciones internacionales, incluida MiningWatch Canadá.
Como organizaciones internacionales que trabajan temas relacionados con la justicia ambiental, los derechos humanos y los impactos nocivos de la industria minera, hemos observado con preocupación cómo el Gobierno panameño, First Quantum Minerals y sus socios retrasan el proceso de cierre definitivo de la mina Cobre Panamá y socavan el proceso de una auditoría de la mina. La exigencia de cierre se deriva del estricto cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia tanto de 2018 como de 2023.
A finales de 2023, la población panameña salió a las calles de manera masiva para protestar contra la renovación del contrato de la mina Cobre Panamá de First Quantum Minerals. First Quantum había estado operando en una laguna jurídica en el país desde que su contrato original fue declarado inconstitucional en 2018 por la Corte Suprema de Panamá. Desde entonces, y hasta las protestas de 2023, la empresa continuó operando sin el contrato requerido por la ley. Cuando se dio a conocer la noticia de que el gobierno estaba negociando otro contrato con la empresa a pesar de los problemas legales y ambientales que habían plagado el proyecto, la población salió a las calles reafirmando, «Panamá vale más sin minería».
Ante la fuerte oposición al proyecto y décadas de lucha en contra de la minería en el país, el gobierno declaró una moratoria sobre nuevas concesiones mineras, solicitudes de concesiones bajo revisión y concesiones caducadas. Poco después, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que el último contrato de First Quantum era inconstitucional por haber violado 25 artículos de la Constitución panameña. Con su contrato anulado por segunda vez, First Quantum se vio obligada a suspender las operaciones de Cobre Panamá.
Después de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el contrato minero era inconstitucional y se suspendieran las operaciones mineras, las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y la población panameña exigieron una “auditoría profunda, exhaustiva e independiente del proyecto minero”, y el Gobierno panameño se comprometió a realizarla.
Una auditoría independiente, rigurosa y completa es fundamental para entender los “verdaderos impactos ambientales y sociales del proyecto Cobre Panamá”. Sin embargo, el proceso de auditoría organizado por el gobierno está plagado de carencias serias.
La Mesa Técnica de Trabajo para el Cierre de Minas y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería han advertido de las graves deficiencias en el alcance actual de la auditoría propuesta.
En apoyo a las organizaciones y la sociedad civil de Panamá, las organizaciones internacionales que suscribimos esta carta hacemos eco de las preocupaciones que se enumeran a continuación en relación con la auditoría de la mina Cobre Panamá:
- Casi la mitad de los compromisos ambientales del proyecto minero han sido excluidos de la auditoría.
Ciento setenta (170) compromisos ambientales del Estudio de Impacto Ambiental (Categoría III) fueron catalogados como no aplicables para la auditoría. Con esto, el gobierno quita sustento jurídico haciendo más difícil determinar hallazgos de NO CUMPLIMIENTO sobre dichos compromisos.
El argumento dado para sustentar la exclusión de estos compromisos es que, materialmente no pueden ser parte de esta auditoría porque fueron ejecutados en la fase de construcción. Sin embargo, es la auditoría la que debe verificar que fueron completados. Lo mismo afirma el documento para los compromisos que corresponden a la operación o al momento de cierre, ignorando que existen medios de verificación para muchos compromisos de la etapa de operación y que la empresa está obligada a mantener un plan de cierre actualizado del proyecto que debe ser evaluado por la empresa auditora.
Algunos de los compromisos excluidos abarcan la verificación de aspectos de seguridad y diseño de las estructuras mineras, impactos sobre calidad de agua, estándares de derechos humanos y políticas de contratación y adquisición local.
2. El Ministerio de Ambiente desmejoró importantes aspectos de sus propios borradores y desatendió recomendaciones de la sociedad civil y otras entidades.
El borrador sometido por el Ministerio de Ambiente a consulta pública en enero de 2025 prometía una auditoría integral e independiente con el objetivo principal de generar la información esencial para "iniciar el proceso de cierre definitivo de la Mina Cobre Panamá". La versión ajustada después de la consulta y remitida al Ministerio de Comercio en mayo mantenía un objetivo de planificación del cierre ordenado. Este objetivo principal, y el contenido asociado, ha desaparecido por completo en el texto final con el que se contrató a la empresa auditora.
Tanto la Mesa Técnica de Cierre de Minas, como otras entidades alertaron al ministerio, la necesidad de incluir en la auditoría superficies adicionales al área de concesión minera, considerando las instalaciones e impactos externos a esta zona. Igualmente recomendaron la realización de estudios de monitoreo microbiológico, así como de calidad de agua. El documento final descarta estas recomendaciones.
3. El acceso público a los resultados de la auditoría no está garantizado
Los términos de referencia sometidos a consulta pública por el Ministerio de Ambiente establecían que, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, "toda la información generada durante el proceso de auditoría es de carácter público". Añadía que la empresa auditora tendría la obligación de generar contenido público, incluyendo un resumen de resultados en lenguaje no técnico. Esta disposición ha sido eliminada en la versión final.
Por todo lo antes expuesto, demandamos que el Ministerio de Ambiente y las autoridades competentes corrijan con suma prioridad los Términos de Referencia de la auditoría para que el país cuente con una auditoría realmente integral y útil a la protección de nuestros ecosistemas y población.
Solicitamos que, en aras de la transparencia y la coherencia, las autoridades responsables expliquen al público por qué el documento de la contratación de la empresa auditora dista tanto del documento resultante de la consulta pública de enero y que urgentemente incorporen los cambios necesarios al proceso para que cumplan con el entendimiento original entre el gobierno y la sociedad civil.
Nos preocupa que el alcance y los términos de referencia actuales de la auditoría puedan dar lugar a un proceso que carece de legitimidad social y que genere resultados que se utilicen para justificar y facilitar la reapertura de la mina Cobre Panamá, en contradicción directa con la decisión de la Corte Suprema, la moratoria minera y la opinión pública. Por su parte, First Quantum y sus socios deberían desistir por completo de sus demandas de arbitraje internacional en contra de Panamá y colaborar en buena fe para un proceso de auditoría integral.
Organizaciones que suscriben,
MiningWatch Canada
Earthworks
Common Frontiers
Terra Justa
Instituto de Estudios Políticos - Programa de Economía Global