[Ottawa, Canadá] El gobierno canadiense ha puesto sus miras en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Ecuador, pero las comunidades que ya sienten los impactos de la inversión minera canadiense advierten que un TLC agravaría la violencia en los territorios, contra los ecosistemas y los defensores/ras ambientales e indígenas que se movilizan contra la minería canadiense.

Canadá ya lidera la inversión extranjera directa en Ecuador, con 3.700 millones de dólares, la mayoría de los cuales se sitúan en inversiones en el sector minero ecuatoriano. Muchos de estos proyectos están poniendo en peligro cuencas hidrográficas clave, mientras que las comunidades que se organizan para oponerse reciben amenazas de muerte, intimidación y la militarización de sus territorios.

El 6 de enero de 2023, el gobierno canadiense lanzó una serie de consultas sobre un potencial TLC con Ecuador, solicitando a la sociedad civil canadiense que presentara sus puntos de vista para determinar las prioridades de Canadá. MiningWatch Canadá, junto con el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) del que forma parte MiningWatch, y otras organizaciones canadienses respondieron, enviando escritos que subrayaban  que "la cooperación internacional... debe tener como núcleo los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales, y la protección del medio ambiente". En sus escritos, las organizaciones canadienses también expresan su preocupación por el hecho de que la sociedad civil ecuatoriana ha sido excluida de este proceso consulta, en violación de su derecho a la información y al consentimiento libre, previo e informado.

Un pronunciamiento público firmado por 16 organizaciones sociales y ambientales y centros de investigación ecuatorianos señala cómo este potencial TLC "no favorece los intereses de los pueblos indígenas, los territorios ni el medio ambiente" : "Reconocemos a los Tratados de Libre Comercio como instrumentos del poder corporativo transnacional...que otorgan excesivas protecciones legales a los inversionistas mientras profundizan el extractivismo, desregulan las protecciones laborales y ambientales", dice la declaración.

"Ningún acuerdo debe avanzar sin la participación plena y significativa del pueblo de Ecuador", dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. "Canadá propone profundizar una 'relación comercial bilateral' a través de este TLC. Pero, ¿cómo puede un acuerdo ser realmente bilateral cuando el pueblo ecuatoriano está siendo dejado fuera de este proceso? Parece que el país que más ganará con este acuerdo será Canadá y, más precisamente, sus empresas mineras ".

Violencia relacionada a la minera se agravará con la firma de un TLC

La consulta que está teniendo lugar en Canadá se produce en un contexto de creciente oposición a los proyectos mineros canadienses en Ecuador, y de un dramático aumento de los conflictos y la militarización de los territorios donde se ubican esos proyectos. Justo la semana pasada, en el sureste de Ecuador, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador denunció públicamente la militarización de partes de la provincia de Loja para permitir que Guayacan Gold -filial de las empresas canadienses Salazar Resources y Aventus Mining- lleve a cabo actividades de exploración en su concesión minera Santiago, en el páramo de Fierro Urco. Durante décadas, la comunidad indígena Kichwa Saraguro y comuneros se han opuesto ferozmente a la minería en el páramo de Fierro Urco, un páramo que alberga una importante biodiversidad y es clave para el abastecimiento de agua de la zona.

Preocupa que un posible acuerdo de libre comercio exacerbe este tipo de amenazas e intimidaciones contra los líderes medioambientales, de derechos humanos e indígenas que se oponen a los proyectos mineros canadienses, y que conduzca a una mayor militarización de sus territorios, así como a una mayor impunidad para las empresas mineras canadienses que violan los derechos humanos, dado que actualmente no existe en Canadá ningún mecanismo para exigir responsabilidades a las empresas por abusos cometidos.

Más poder para que las empresas demanden a Ecuador

Una de las principales preocupaciones planteadas en el pronunciamiento público firmado por las organizaciones ecuatorianas es la inclusión de un capítulo sobre inversiones y un mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), un mecanismo utilizado por las empresas mineras que les permite demandar a países soberanos ante tribunales supranacionales privados si consideran que sus inversiones se ven amenazadas. Los acuerdos de protección de los inversores impiden a menudo a los gobiernos del Sur de introducir normas más estrictas en materia de medio ambiente o derechos humanos.

"Los territorios están sometidos a una lógica sacrificial que será más difícil revertir con los blindajes jurídicos que otorgará un TLC a estas inversiones", reza el pronunciamiento.

"Comunidades de otros países han logrado que sus gobiernos nacionales tomen medidas para proteger su territorio y su agua, sólo para luego ser demandados por millones de dólares bajo las cláusulas de inversión de los tratados de libre comercio", dice Viviana Herrera. "Simple y llanamente, el ISDS es un sistema que amenaza los derechos de autodeterminación de las comunidades afectadas por proyectos mineros canadienses".

La diplomacia canadiense impulsa más minería canadiense en Ecuador

La próxima semana, Toronto acogerá la conferencia anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), que reunirá a decenas de miles de agentes de la industria minera con representantes gubernamentales para promover la minería, entre otras cosas, el " Ecuador: El próximo destino minero". La Embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, participó el año pasado en el PDAC promoviendo la expansión de la minería canadiense en Ecuador y este año probablemente no será diferente.
 
Mientras el gobierno canadiense se prepara para entablar conversaciones con su contraparte ecuatoriana, hacemos un llamado al gobierno canadiense para que respete los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Ecuador a la autodeterminación y a que detenga cualquier apoyo diplomático a la inversión minera canadiense en territorios que ya han dicho no a la minería. Ningún acuerdo de libre comercio debe avanzar sin su consentimiento libre, previo e informado.

Documentos: 

• Pronunciamiento publico de Ecuador [Español]
• MiningWatch Canada [Submission - inglés]
• Americas Policy Group (APG) [Submission - inglés]
• Amnistía Internacional Canada [Submission - inglés] 
• Canadian Centre for Policy Alternatives [Submission - inglés]

Contactos para los medios de comunicación:

• Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canadá | [email protected], +1-438-993-1264 (inglés y español)
• Ivonne Ramos, Acción Ecológica, [email protected], +593 99 936 6737 (español)