Este comunicado fue publicado originalmente aquí.
El Gobierno de Canadá eliminó recientemente la oficina de Defensoría para Responsabilidad Empresarial (CORE). El Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) que es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil canadiense que trabaja por los derechos humanos y justicia ambiental ha criticado fuertemente esa decisión. Ha señalado que las comunidades afectadas por las operaciones extraterritoriales de las compañías canadienses merecen mas rendición de cuentas, no menos. Ha dicho además que en lugar de eliminar la Oficina de la Defensoría, el gobierno debió haber fortalecido su independencia y facultades de investigación para que efectivamente pueda conocer alegaciones de derechos humanos y daños ambientales. El Grupo ha señalado que esta decisión deja a las y los trabajadores, pueblos indígenas y comunidades con menos vías para buscar justicia y afecta el compromiso de Canadá con una conducta empresarial responsable.
En 2025, este mismo Grupo junto a 28 reconocidas organizaciones canadienses, envió una carta al primer ministro Marck Carney instando a que "no ratifique el controvertido acuerdo de libre comercio negociado en 2024 por el Gobierno de Justin Trudeau con Ecuador, cuyo objetivo es aumentar las inversiones mineras canadienses en este país. Las organizaciones indígenas y ambientales han expresado su profunda preocupación por el agravamiento de la ya desastrosa situación de derechos humanos y por la amenaza que se cierne sobre las zonas ecológicamente sensibles del país". El Grupo señaló además que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, advirtió sobre el carácter secreto de las negociaciones.
Al respecto, como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador advertimos que ante la solicitud de información sobre el texto negociado, en abril de 2025, el gobierno del Ecuador respondió afirmando el carácter secreto de las negociaciones citando la Resolución Nro. MPCEIP-MPCEIP-2024-0008-R de 15 de agosto de 2024. Además, no existe evaluación previa de impactos en derechos humanos del acuerdo comercial. Tampoco las comunidades, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil han participado del proceso de negociación, lo que se evidencia por la falta total de entrega de información del gobierno ecuatoriano para su evaluación.
Asimismo, como organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana advertimos al país que la eliminación de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Canadá es un indicio preocupante de las dificultades que tendrán las y los afectados por las operaciones de compañías canadienses en Ecuador en caso de que se ratifique el Acuerdo Comercial con Canadá y las inversiones canadienses tengan protección reforzada en el país.