(Cochabamba, Ottawa, Puno, Washington) El viernes 5 de octubre, la Corte Suprema de Perú aceptó la apelación de Walter Aduviri y anuló la sentencia en su contra. Aduviri fue portavoz de las comunidades aymaras durante las protestas conocidas como el Aymarazo en Perú en 2011, en contra del proyecto minero Santa Ana, propuesto por la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. La Corte Suprema falló que la apelación de Aduviri tenía buena base legal y que el caso debería comenzar de nuevo en cortes regionales.

Organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional han seguido el caso de cerca debido a la existencia de dos precedentes legales peligrosos en el caso que podrían haber debilitado al movimiento más amplio por los derechos indígenas y en defensa de su agua, tierra y territorio. Por ahora, esos precedentes se han frenado.

Éste fue el último en una serie de casos contra líderes comunitarios después de las protestas en 2011. Días antes del fallo de la Corte, el Director Ejecutivo de la organización peruana Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Cristobal Yugra Villanueva, advirtió sobre las implicaciones del fallo:

Esta decisión sentará precedentes legales importantes para el futuro de la protesta social en el Perú…[va afectar] si los pueblos indígenas se van a sentir o no libres de protestar, a pesar de que este derecho está garantizado por la Constitución peruana.

Una campaña de organizaciones locales e internacionales para destacar este caso emblemático lleva varios meses en la marcha. En septiembre de este año, más de 130 organizaciones en todo el mundo firmaron un manifiesto público denunciando la criminalización de la protesta social y exigiendo la protección de defensores de derechos humanos que trabajan para defender su agua, tierra y territorio. El manifiesto público hizo referencia directa al caso de Aduviri y exhortó a la Corte Suprema a su absolución total. El manifiesto indica que:

Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio.  

Las peticiones para la absolución de Aduviri funcionaron. En la mañana del viernes 5 de octubre, en la presencia de sus abogados, la Corte Suprema anuló la sentencia contra Aduviri, liberándole así de la amenaza de incarceración inmediata.

Según DHUMA:

En la reciente decisión judicial, el Tribunal ha reconocido que el proceso penal llevado en primera y segunda instancia ante el Corte Superior de Justicia de Puno se caracterizó por una clara violación del debido proceso. En el caso de Walter Aduviri y las protestas sociales del Aymarazo, en vez de respetar los cargos presentados originalmente por el Ministerio Público, hubo una “desvinculación de la acusación fiscal” de parte de los jueces para condenar a Aduviri como "autor mediato".  Esto fue ilegal y ésta es la posición que hemos mantenido desde el inicio del proceso legal

Los abogados de DHUMA han acompañado a muchos otros integrantes de comunidades aymaras quienes han enfrentado judicialización después de las protestas del Aymarazo. Su trabajo incansable en defensa de los derechos de comunidades indígenas en el Perú fue reconocido la semana pasada cuando sus representantes recibieron el prestigioso premio internacional de derechos humanos Letelier Moffitt del Institute for Policy Studies en Washington DC.

Después del Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation presentó una demanda contra Perú en el CIADI, el tribunal de arbitraje sobre inversiones del Banco Mundial, por “compensación” por la anulación del proyecto minero Santa Ana. En septiembre 2017, el mismo mes en él que las cortes de ‘justicia’ condenaron a Aduviri, el CIADI falló a favor de Bear Creek y ordenó a Perú pagar más de USD$30 millones en “compensación”, incluyendo costos legales e intereses. Integrantes de comunidades locales están exigiendo que la compensación no se pague, y que sea a las comunidades a las que se compense por pérdidas económicas y conmoción social causadas por la presencia de la empresa minera. Este debate continuará en el Perú en las semanas y meses que vienen.

NOTA:

El 7 de octubre de 2018, Walter Aduviri fue elegido gobernador de Puno. Hasta días antes de las elecciones, Aduviri fue el candidato preferido pero no era claro si sería factible su candidatura en las elecciones. El fallo de la Corte Suprema permitió su participación en las elecciones.

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