Se solicita a la Comisión de Valores de Columbia Británica investigar a minera por no revelar información sustancial a inversionistas

Source:
Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) – Network in Solidarity with Guatemala (NISGUA) – Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS) – MiningWatch Canada – Diocesan Committee in Defence of Nature (CODIDENA)

(Guatemala City/Oakland/Toronto/Ottawa/Tatamagouche) – Mientras en los tribunales de Columbia Británica avanza una demanda civil contra Tahoe Resources por violencia es su mina Escobal en Guatemala, organizaciones de derechos humanos instan a reguladores de la Superintendencia de la Bolsa de Valores de la provincia de Columbia Británica, Canadá a investigar a la empresa por no revelar información, referente a la oposición comunitaria y violaciones a los derechos humanos cerca de la mina, que podría afectar la participación de sus inversionistas.

El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), con sede en Canadá, entregó a la Superintendencia de la Bolsa de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission – BCSC) un informe de treinta y siete páginas de parte de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) de Estados Unidos, las organizaciones canadienses Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala (RES) y Alerta Minera Canadá, y el Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) de Guatemala.

El informe le solicita a la Superintendencia de la Bolsa determinar si Tahoe incumplió con los requisitos legales de divulgar abusos a los derechos humanos y no comunicó la existencia de demandas que impactan a la mina Escobal, la cual es un componente vital de las operaciones de Tahoe. La empresa afirma que la mina de Guatemala cuenta con el firme apoyo de las comunidades, pero el documento de JCAP resalta que según el informe anual de Tahoe la oposición es tal que la empresa no pudo conectarse al tendido eléctrico principal. Se le solicita a la Comisión determinar si Tahoe no comunicó hechos conocidos o incertidumbres susceptibles de afectar la actividad comercial de la empresa.

“Los derechos humanos de las comunidades cercanas a la mina Escobal han sido violentados con regularidad, y el proyecto se lleva a cabo sin el consentimiento de las comunidades”, indica Lisa Rankin, que coordina el trabajo de RES en Guatemala. “Hemos denunciado una y otra vez, en base a nuestro trabajo de acompañamiento con las comunidades, la violencia, las amenazas y la criminalización en contra de las y los habitantes del área”.

Tahoe no se responsabiliza por las amenazas y muertes vinculadas a su mina en Guatemala. Sin embargo, un grupo de campesinos que resultaron heridos en un tiroteo de los guardias de seguridad privada de Tahoe en abril del 2013 ha entablado una demanda contra Tahoe en los tribunales de Columbia Británica que está sentando precedentes. En enero, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica falló que Canadá es el foro más adecuado para la demanda.                  

“De forma subrepticia, Tahoe y proponentes de la minería han entablado demandas en Guatemala para intentar frenar las consultas comunitarias sobre minería, y para exigir protección del gobierno ante manifestantes en desacuerdo con el proyecto”, comenta Jen Moore de Alerta Minera Canadá. “Tahoe no ha revelado la existencia de estas demandas ni el nivel de oposición comunitaria a la mina Escobal, y es importante que las y los reguladores de la Bolsa de Valores investiguen esta situación”.

En enero del 2015, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, con un valor de mercado de US$850 mil millones, vendió su participación en Tahoe luego de llevar a cabo una investigación, concluyendo que Tahoe representa y probablemente continúe representando “un riesgo inaceptable de contribuir a graves violaciones de derechos humanos”. De manera similar, Tahoe apareció recientemente en una lista de empresas que el Fondo de Pensiones Holandés, Pensionenfonds PGB, excluye de su cartera de inversiones. La razón por la exclusión es “violaciones de derechos humanos en Guatemala”.

El resumen del informe y el documento completo se pueden ver aquí: Carta de presentación y documento presentado a la Comisión.

Para mayor información o para solicitar una entrevista contactar:

  • Shin Imai, abogado (español o inglés), Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, [email protected] + 905-989-1327
  • Becky Kaump (español o inglés), Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, [email protected] +502 5575 2058
  • Moisés Divas Santos, Director, Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza, [email protected] +502 5158 3503
  • Jennifer Moore (español o inglés), Alerta Minera Canadá, [email protected], +613 569 3439
  • Lisa Rankin (español o inglés), Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala , [email protected]