Resumen publicado por Borden Ladner Gervais LLP, elaborado por Scott Kerwin. Reproducido con permisión.
Nota preliminar
Las operaciones mineras muchas veces provocan protesta de las poblaciones que van a ser afectadas durante las fases de exploración, explotación y/o cierre. El mayor número de las compañías de minería son canadienses y cuando surgen situaciones de tensión fuera de Canadá, a veces las embajadas canadienses participan en el debate público sobre las ventajas y los riesgos – supuestamente menores – que el desarrollo minero implica. Uno de los argumentos presentados para enfrentar la oposición se basa en un imagen poco confiable: que el sector minero ha tenido una trayectoria muy positiva dentro de Canadá y que la población mas afectada, los pueblos indígenas de este país, han dado la bienvenida a esta industria y han gozado de muchos beneficios como resultado.
Una fotografía de la situación actual en Canadá puede desmentir este argumento. Los pueblos indígenas, muchas de ellas parte de lo que se llama en Canadá, las “Primeras Naciones”, están mejor organizadas, mejor informadas y mejor preparadas para proteger sus derechos, sus culturas y sus tierras.
A continuación se presenta un breve resumen de un caso legal que se encuentra en su primera fase, es decir, es lejos de llegar a su conclusión final. Sin embargo, ha habido una decisión judicial clave que esperamos marque un nuevo momento en la lucha por poner fin a las prácticas irresponsables de la minería en Canadá y fortalezca el movimiento de realizar lo mismo a nivel internacional.
Descripción del fallo en un caso legal
La Corte Superior de la Justicia de la provincia de Ontario (en el centro de Canadá) aprobó la petición del mandamiento judicial ínterin de una de las Primeras Naciones en la parte nor-oeste de la provincia en la cual obligó a una compañía de desistir de la exploración minera durante un período de cinco meses. Al mismo tiempo, la Corte mandó a la Primera Nación de establecer un “comité de consulta” encargado de negociar con la compañía y el gobierno provincial. La Corte clasificó sin lugar la demanda presentada por la compañía que hubiera prohibido que la comunidad indígena interfiriera en sus actividades mineras.
El caso fue clasificado por la Corte como un “choque” entre las aspiraciones hacia “el aprovechamiento económico de los recursos abandonados ubicados dentro de una vasta extensión de terreno virgen en una zona remota en la región nor-oeste de Ontario” y la lucha de la Primera Nación de “salvaguardar y preservar sus tierras tradicionales, su cultura, sus costumbres y sus creencias fundamentales”.
La Primera Nación Kitchenuhmaykoosib Inninwug (Nación KI) fue identificada como parte de la Nación Ojibwa/Cree que ocupa una reserva cerca de “Big Trout Lake” [Lago de las Grandes Truchas], aproximadamente 610 kilómetros al norte de la ciudad de Thunder Bay. El sito que iba a ser objeto de la exploración se ubica fuera de la reserva de la Nación KI pero se encuentra dentro de la región que ellos aseveran es parte de la misma ya que en mayo 2000, sometieron un reclamo que argumenta que los límites del área de sus territorios habían sido mal calculados.
Platinex y la Nación KI han estado en discusiones desde 1999 sobre las intensiones del primero de explorar y desarrollar el área. Sin embargo, en febrero 2001, la Nación KI avisó a la compañía que quería establecer un moratorium con respecto a todo tipo de desarrollo minero hasta que hubiera un proceso de consulta adecuado. La Nación KI indicó que no oponía el desarrollo minera pero querían ser “socios de pleno derecho”.
Las discusiones continuaban pero no cumplieron con el protocolo de consulta que maneja la Nación KI. En agosto 2005, la Nación KI avisó a la Platinex que todos los acuerdos previamente contemplados fueron nulos y sin valor. No obstante, en la bolsa de acciones de Toronto, Platinex hizo público su aplicación y anunció que la Nación KI había dado su “acuerdo verbal” a la propuesta de exploración de bajo impacto. En el mes de diciembre 2005, Platinex había recaudado más de 1 millón de dólares canadienses [aproximadamente $900,000 US] en inversiones privadas.
En febrero 2006, el Consejo de la Nación KI mandó una notificación a Platinex en la cual le informaba que todos los miembros de la comunidad se habían comprometido a tomar cualquier media necesaria para parar las acciones de perforaciones exploratorias en el área. A la vez, varias personas de la comunidad fueron al campamento de la compañía para manifestar su oposición. La Corte observó que habían muchas diferencias entre los testimonios de Platinex y la Nación KI en cuanto a los sucesos que se daban en ese momento. Platinex alegó que la protesta fue hostil y amenazante e incluso, que se les incautó el equipo y se levantó la pista de aterrizaje. La Nación KI asevera que la protesta fue pacífica y que participaron gente anciana y niños. Estuvieron presentes miembros de la policía provincial.
Tanto la Nación KI como Platinex presentaron recursos en la Corte de Justicia. La Corte revisó los documentos en el contexto de las pruebas establecidas para tales casos y también, materia sobre la aplicación de recursos en casos que involucran a la gente indígena. El juez Smith observó que un “recurso” muchas veces no es apropiado cuando se trata de temas indígenas.
Fallo del juez
- La Corte no aceptó el argumento que Platinex sufriría daños irreparables. Además, observó que Platinex supo desde 2001 que la Nación KI no daba su permiso para que la exploración continuara. El juez comentó que:
- Fue inconcebible que Platinex no hubiera entendido que la Nación KI estuviera fuertemente opuesta a la continuación de perforaciones sobre la propiedad.
- Platinex contaba con que la Nación KI no intentaría frenarlos y en esencia, tomó la decisión de pasar por encima de la comunidad KI, haciendo llegar los trabajadores sin aviso previo.
- Mientras aceptaba la evidencia presentada por Platinex que la misma estará en una situación financiara precaria si no lograra terminar la fase de perforaciones al final de este año o dentro de los primeros meses de 2007, concluyó que Platinex es el autor de su propio malestar.
- La Corte juzgó que las acciones de Platinex le “faltaban respeto” a los intereses de la Nación KI y que fueron interpretadas por los últimos como insulto.
- Platinex tenía la opción de seguir negociando y consultando con la Nación KI y el gobierno y decidió no hacerlo.
- La Corte puso énfasis sobre el daño irreparable que traería la pérdida de tierras tradicionales. Hay que entender el tema de “perdida” desde la perspectiva indígena. La Corte aceptó que la tierra para la Nación KI es importante desde una perspectiva tanto cultural como espiritual ya que es la “escencia de su ser” y “el verdadero corazón y alma”. El juez comentó:
- Ninguna cantidad de dinero puede compensar su pérdida. La identidad, la espiritualidad, las leyes, las tradiciones, la cultura y los derechos indígenas tienen un enlace y se dependen de esta relación con la tierra. Esta perspectiva es ajena y muchas veces difícil de entender desde el punto de vista no indígena.
- Platinex ha iniciado un demanda contra de la Nación KI por $10,000 millones Cdn por daños y ha pedido que la Corte obligue a la Nación KI a asegurar los recursos necesarios para pagar los costos del proceso legal en caso de que Platinex ganara el caso. Después de revisar los antecedentes, el juez rechazó esta petición y comentó:
- Las grandes corporaciones adineradas podrían negar a las Primeras Naciones el derecho de buscar un recurso legal con el simple hecho de haber puesto en su lugar una demanda por milliones de dólares. Esta consecuencia no se puede considerar congruente con los principios de equidad.
- No sería ni correcto ni justo quitarle a la Nación KI el derecho de pedir un ámparo legal bajo este criterio.
- La Corte rechazó el argumento que la Nación KI no tenía “manos limpias” por la naturaleza de la protesta en el campamiento minero. Las acciones de los miembros de la comunidad fueron “entendibles” y no hubo violencia. Además, no hubo evidencia que mostraba que la Nación KI había dejado de intentar de seguir consultando en “buena fé”.
El juez criticó la aparente ausencia del gobierno de Ontario en el proceso de consulta. Enfatisó que el gobierno no puede delegar este rol a terceros y señaló que en este caso, “había abdicado su responsabilidad” mientras prorrogaba el plazo de los permisos que tenía Platinex y esto a pesar de las reivindicaciones presentadas por la Nación KI. No habían indicaciones que el gobierno había tenido una consistente presencia para supervisar las negociaciones.
La Corte considera que existe todavía la posibilidad de un fin negociado, que es posible lograr una reconciliación entre las partes. Ordenó que Platinex dejara de explorar en el sitio “Big Trout Lake” durante los próximos cinco meses al final de los cuales el caso regresará a la Corte. Este fallo tiene la condición de que la Nación KI reintegrará a la compañía cualquier equipo que fue trasladado del campamiento; y que establezca inmediatamente un “comité de consulta” que se reunirá con los representantes de Platinex y del gobierno con el propósito de negociar un acuerdo con la compañía.