Nacionalidad indígena ecuatoriana presenta queja ante la Comisión de Valores de Columbia Británica y piden que investigue a Solaris Resources

Source:
MiningWatch Canadá – Pueblo Shuar Arutam (PSHA) – Amazon Watch – WITNESS

Organizaciones indígenas se oponen a un polémico proyecto de extracción de cobre en la Amazonía

(Sucúa-Ottawa-Oakland) - El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) ha presentado hoy una denuncia contra Solaris Resources Inc. (TSX: SLS) ante la Comisión de Valores de la Columbia Británica en Canadá por no haber revelado continuamente información importante a los accionistas sobre su proyecto minero Warintza, que se sobrepone al territorio titulado del PSHA. A pesar del rechazo explícito y continuo del PSHA al proyecto de Warintza, Solaris, empresa con base en Vancouver, ha seguido adelante con sus planes mineros en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. La denuncia se produce pocos días antes de la mayor conferencia minera del mundo, la feria anual de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), que se celebrará del 3 al 6 de marzo en Toronto. Solaris, en el pasado, ha utilizado el PDAC para mostrar su "modelo Warintza" de compromiso con la comunidad como la mejor práctica del sector.

La fiebre mundial por obtener minerales esenciales para satisfacer la creciente demanda de la transición energética lejos de los combustibles fósiles, ha hecho que las empresas mineras busquen reinventar su imagen como una industria "verde" sostenible y aliada en la mitigación del cambio climático. Pero, al igual que el legado de la extracción del petróleo, los proyectos mineros siguen violando los derechos humanos, no respetan el Estado de derecho, contribuyen al cambio climático y amenazan importantes ecosistemas y la biodiversidad, sobre todo en lugares como la cuenca del Amazonas, que se encuentra en un peligroso punto de colapso.

Según la denuncia, la empresa ha divulgado información parcial sobre sus relaciones con las comunidades indígenas que se oponen al proyecto, e incumple su obligación de divulgar regularmente los riesgos políticos y jurídicos de Ecuador que pueden impedir el desarrollo de las actividades mineras. La denuncia también muestra que el hecho de que Solaris no divulgue formalmente los riesgos relevantes indica una falta de cumplimiento de sus obligaciones, y puede mal informar a inversionistas actuales y potenciales, lo que justifica una investigación más profunda.

Reconocida por el gobierno ecuatoriano, el PSHA es el órgano de representación legal de 47 comunidades con títulos colectivos de propiedad y posesión ancestral de 232.500 hectáreas de territorio en la región de la Cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana, y a la vista de ‘Warintza’, el proyecto insignia de cobre y oro de Solaris, ejecutado por Lowell Mineral. El PSHA ha expresado en repetidas ocasiones su oposición al proyecto. El gobierno no les ha consultado, como exigen la Constitución ecuatoriana y las obligaciones internacionales en materia de derechos indígenas, ni ha obtenido su consentimiento para el proyecto.

En lugar de cumplir con la totalidad de sus obligaciones legales de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), Solaris Resources ha optado por hacer hincapié en una "Alianza Estratégica" con sólo dos comunidades de la zona, Yawi y Warintz, causando división y conflictos internos. Sin embargo, es importante señalar que ninguna de estas comunidades posee títulos individuales de propiedad de la tierra. Esto ha dado lugar a implicaciones engañosas para los inversionistas, al sugerir que la empresa ha asegurado la "licencia social" necesaria para operar. Esta falta de CLPI pone en peligro la viabilidad del proyecto y abre la puerta a futuros litigios, similares a los requerimientos judiciales que han paralizado proyectos mineros vecinos.

La denuncia se produce cuando la empresa minera china Zijin Mining Group Co Ltd., junto con su filial indirecta al 100%, Jinlong (Singapore) Mining Pte. Ltd. espera la aprobación de la TSX y de los reguladores de valores canadienses para su colocación privada de aproximadamente el 15% de las acciones de Solaris. Según analistas financieros, esta venta activará la Ley de Inversiones de Canadá y podría contradecir la política de Ottawa de impedir que las empresas chinas inviertan en proyectos de minerales críticos de propiedad canadiense.

Solaris también pretende cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en 2024, donde podría enfrentarse a una denuncia similar a la presentada ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La denuncia también demuestra que las perspectivas positivas de Solaris en el país carecen de fundamento. La empresa no revela la creciente tendencia antiminera en todo Ecuador, donde al menos doce proyectos mineros están paralizados debido a la oposición y a acciones legales. Recientes plebiscitos han restringido la actividad minera y petrolera en varias provincias, así como en una de las mayores reservas de petróleo de Ecuador, en el Parque Nacional Yasuní. Organizaciones indígenas y antimineras han amenazado con nuevas protestas.

Una creciente coalición de organizaciones indígenas y grupos de la sociedad civil, entre ellos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE, el Comité Interfederacional Shuar-Achuar, Amazon Watch, MiningWatch Canadá, Witness, Red de Territorios de Vida TICCA Latinoamérica, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en el Ecuador, Amazon Frontlines y lluviacomunicación, se unen a PSHA en su exigencia de que Solaris Resources cancele el proyecto Warintza y el gobierno ecuatoriano revoque todas las concesiones mineras en su territorio.

Esta historia refleja una tendencia generalizada de conflicto entre las empresas mineras canadienses y las comunidades indígenas, exacerbada por un historial de daños medioambientales y sociales documentados en el reciente informe Desenmascarando a Canadá: Violaciones de Derechos Humanos en América Latina. La denuncia contra Solaris Resources Inc. por parte del PSHA ejemplifica la lucha en curso por los derechos indígenas y la justicia medioambiental, en un contexto de creciente resistencia a los proyectos mineros en Ecuador y otros países. La movilización de los grupos indígenas contra las industrias extractivas, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, pone de relieve la urgente necesidad de exigir responsabilidades a las empresas mineras por sus acciones y de dar prioridad a los derechos indígenas y a la protección del medio ambiente por encima de los intereses empresariales.

Jaime Palomino, Presidente de PSHA, explica: "El Pueblo Shuar Arutam ha rechazado el proyecto Warintza durante muchos años. A pesar de ello, la empresa insiste en promover el proyecto dividiendo a las comunidades e intentando llegar a acuerdos con otras organizaciones indígenas. Tanto la empresa como el gobierno ecuatoriano deben respetar nuestra propia estructura de gobierno y nuestra autonomía. Por lo tanto, desconocemos y rechazamos cualquier acuerdo que se firme o se haya firmado en nuestro nombre."

"Solaris está engañando a los inversionistas actuales y futuros sobre el proyecto Warintza. La realidad en el territorio es muy distinta al panorama optimista que pinta la empresa en sus declaraciones y presentaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). No se ha llevado a cabo ninguna consulta jurídicamente vinculante sobre el proyecto. Solaris se ha limitado a desplegar una estrategia de ‘divide y vencerás’ en un intento de fabricar el consentimiento. Solaris sigue ocultando a sus accionistas que existe una oposición firme a este proyecto que pone en peligro su viabilidad", afirmó Mary Mijares, Activista de Financiación Climática de Amazon Watch.

"Los Shuar han afirmado en repetidas ocasiones que no existe licencia social para ‘Warintza’, el proyecto insignia de Solaris Resources, incluso cuando la empresa canadiense minimiza la fuerte y constante oposición. La denuncia presentada hoy ante la Comisión de Valores de Columbia Británica por el Pueblo Shuar Arutam y organizaciones aliadas es una vía más para hacer oír su voz, ya que las comunidades ecuatorianas consiguen cada vez más detener proyectos que consideran social y ambientalmente perjudiciales", afirma Viviana Herrera, Coordinadora para América Latina de MiningWatch Canadá.

Contactos

  • Ricardo Pérez, Asesor de Comunicación en Perú, Amazon Watch: [email protected] o +51 943 992 012
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina, MiningWatch Canadá: [email protected] o +1 (438) 993-1264
  • Laura Salas, Directora de Programas para América Latina y el Caribe, WITNESS:
    [email protected]
  • Jaime Palomino, Presidente de Pueblo Shuar Arutam PSHA: +593 961588120
  • Fanny Kaekat, Ecuador,Pueblo Shuar Arutam PSHA: +593 99 078 9164
  • Julián Larrea, Coordinador de Campaña de Comunicación PSHA, lluviacomunicación: [email protected] o +593 962063210

 

Contexto

Desde hace más de dos décadas, el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), al suroeste de Ecuador, en la provincia amazónica de Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor, ha expresado firmemente su oposición a los megaproyectos extractivos, incluida la minería en su territorio. En 2019, declararon sus tierras "territorio de vida (TICCA)" y lanzaron la campaña internacional "El Pueblo Shuar Arutam ya decidió: ¡No a la minería!". En enero de 2021, el Consejo de Gobierno del PSHA, junto con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), presentó una queja ante la OIT contra el gobierno ecuatoriano por la violación del Convenio 169 de la OIT y por violar sus derechos colectivos y no consultarles sobre los proyectos que se están llevando a cabo en su territorio.

En 2019, Solaris Resources adquirió Lowell Mineral Exploration y el controvertido proyecto Warintza, que ha permanecido inactivo desde 2006 después de que el PSHA expulsara a Lowell Mineral Exploration.