Un informe solicita al gobierno que detenga la finaciación y el apoyo a compañías que abusan y discriminan a las mujeres indígenas que viven junto a las minas situadas fuera del país.

Nadia Prupis, Common Dreams

Porgera Joint Venture, en Papua Nueva Guinea. / Barrick

El gobierno canadiense no protege a las mujeres ante abusos de derechos humanos y apoya y financia empresas mineras implicadas en discriminación, violación y violencia fuera del país, según un nuevo informe presentado a las Naciones Unidas el lunes.

El informe, escrito por Earth Rights International (ERI), MiningWatch Canada y la Human Rights Clinic de la Universidad de Ottawa, afirma que el gobierno de Canadá sigue apoyando estas corporaciones en lugar de hacer que rindan cuentas, a pesar de su obligación como miembro de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La complicidad de Canadá es especialmente relevante, ya que es sede de la mayoría de empresas mineras del mundo, compañías que operan en más de 8,000 localizaciones de más de un centenar de países.

En uno de los casos descritos en el informe, mujeres y niñas indígenas residentes en las cercanías de la mina de oro Porgera Joint Venture (PJV), en Papúa Nueva Guinea, acusan al personal de seguridad de la zona de participar durante décadas en una campaña de violencia sexual, incluida la violación en grupo. Las propietarias de la  PJV –Barrick Gold y Placer Dome– también permiten la devastación ambiental y otras formas de violencia contra hombres y mujeres, así como el desplazamiento forzado de poblaciónes, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, según el documento.

Reparación

La comunidad local ha estado luchando para que haya una reparación por estos hechos desde el año 2005. Aunque Barrick Gold estableció el llamado "Marco Remedio" en 2010 para compensar a las víctimas, menos de la mitad de las mujeres que presentaron reclamaciones recibieron alguna remuneración, mientras que la mayoría de las que sí la obtuvieron aseguraron que no era suficiente para "reflejar la gravedad del daño sufrido", indica el informe.

Abusos similares, además de una falta de rendición de cuentas, ocurrieron también en Tanzania, Colombia y Guatemala, según afirman las organizaciones. En la mina de níquel Fenix, ​​cerca de El Estor (Guatemala), según apuntan el informe, varias mujeres fueron violadas por la policía, los militares y el personal de seguridad durante un desalojo forzoso.

A pesar de estos y otros abusos, el gobierno canadiense ha seguido prestando apoyo a los propietarios de la mina. En un correo electrónico filtrado, entre la embajada de Canadá y el entonces propietario de la mina, Skye Resources, la comunidad nativa es calificada como "invasora" y un conflicto propiedad es descrito como "una anárquica apropiación de 'tierra para todos'".

"Las acusaciones contra las empresas canadienses no son incidentes aislados", apunta Marco Simons, asesor general ERI. "Hay un patrón sistemático de abusos reportados asociados con empresas canadienses del sector extractivo que operan fuera de Canadá".

En virtud de la CEDAW, Canadá está obligada a hacer todo lo posible para eliminar la discriminación contra la mujer por cualquier corporación que trabaje en el extranjero, incluso a través de medidas de prevención y de castigo. También está obligada a compensar a las víctimas.

Tal como resume Catalina Coumans, de MiningWatch Canada, "a pesar de las llamadas de la sociedad civil, la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, miembros individuales del parlamento y los numerosos tratados de las Naciones Unidas para adoptar medidas legislativas adecuadas con el fin de regular sus corporaciones y asegurar la rendición de cuentas por su participación en el daño y el acceso a un remedio para las víctimas de abusos relacionados con las empresas, Canadá ha fallado en esta tarea".

Salvador Herencia-Carrasco, director de Human Rights Clinic , apuntó por su parte: "Con informe, nuestras organizaciones esperan que Canadá y otros estados de origen implementen mecanismos para asegurar que las empresas extractivas privadas respeten las normas ambientales y los derechos humanos de las mujeres".