Una comisión de organizaciones ecuatorianas de la defensa de los derechos humanos y la naturaleza ha emitido un informe sobre la situación en el valle de Intag, en donde la empresa minera canadiense, Copper Mesa Mining (anteriormente Ascendant Copper) operaba hasta el 2008. La empresa Copper Mesa perdió sus concesiones mineras después de una fuerte lucha por parte de las comunidades en contra de su proyecto de cobre y molibdeno. Durante este mismo tiempo, pobladores de la zona iniciaron una demanda en las cortes de la provincia de Ontario, Canadá en contra de dos directores de la empresa por negligencia después de que la empresa contrató guardias privadas quienes trataron de entrar sus concesiones mineras a la fuerza.
Aún antes de la llegada de la empresa Copper Mesa, la comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag, han defendido su tierra y su forma de vida libre de contaminación y desplazamientos. En los años 90s, exitosamente presionaron para la salida de la empresa minera japonesa Bishi Metals del valle de Intag. En consecuencia, ya son 17 años que se han proclamado en defensa de sus fuentes de agua, bosques y la agricultura, como pilares fundamentales para su soberanía alimentaria y su organización económica.
Recientemente, la empresa nacional minera (ENAMI), ha adquirido la concesión minera Llurimagua para la exploración, y subsiguientemente, la explotación de cobre, en la Cordillera de Toisán. Este proyecto, tiene incidencia directa en la comunidad de Junín, entre otras comunidades que se encuentran en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbababura. El proyecto ha sido transado mediante convenio con la empresa transnacional Codelco, de Chile, el 28 de noviembre de 2011.
El 10 de abril de 2014, miembros de la policía nacional detuvieron a Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en el cantón Nanegalito. De acuerdo a los testimonios, la detención ocurre sin orden de juez competente, lo mantuvieron incomunicado durante varias horas, interrogándolo sin defensa y sin conocer la causa de su detención. Así, de manera ilegítima, la fiscalía de Cotacachi lo acusa por el supuesto delito de rebelión y sabotaje.
El 8 de mayo de 2014, la ENAMI incursionó en la zona de Intag, y en la comunidad de Junín, acompañada de la fuerza pública policial, en el marco del proyecto minero Llurimagua.
Ante esta situación, se conformó la comisión de organizaciones para visitar Intag desde el 14 a 16 de mayo de 2014. Constata que la empresa minera estatal, ENAMI, ha instalado un "de facto estado de excepción" para realizar sus actividades mineras en la zona, generando un ambiente de miedo y de intimidación dentro de la población local en donde hay resistencia histórica y continuo a la minería. Considera que esta es una violación a varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la consulta previa sobre decisiones que podría afectar el medioambiente.
Concluye con la recomendación de que el Ministro del Interior revoque el Operativo Nacional Intag y el estado de excepción de facto de la comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag. También, rechaza estas formas de violencia y la coerción para llevar a cabo procesos de consulta y socialización de proyectos, y manifiesta su profunda preocupación del debilitamiento de la organización comunitaria y local, a través de la imposición de un estado de intimidación policial.