Por Jonathan González Quiel, publicado originalmente por Cultural Survival.
Antes de narrar los últimos acontecimientos sobre la lucha antiminera, es relevante aclarar que no somos un país minero, a pesar de que en el tiempo de la colonia y el sometimiento español, se lograron establecer algunas minas de oro con la misma lógica de despojo extractivista de una potencia extranjera.
A mediados del siglo XX, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto a la dirección de recursos naturales del Ministerio de Comercio, exploraron la geografía panameña para determinar el tipo de minerales presentes, y la ubicación de los más grandes yacimientos de cobre y de otros metales de alto valor para el mercado global (ver mapa 1).
Durante el periodo militar liderado por Omar Torrijos Herrera, se intentó desarrollar una mina estatal con el acompañamiento financiero de Javelin LTD de Canadá, Texasgulf Inc de Estados Unidos y de la británica Río Tinto Zinc (RTZ). Esta mina se creó en 1975 y se conoció bajo el nombre de Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (Codemin).
En la década de los noventa tuvimos dos proyectos mineros importantes que lograron contratos de explotación. El primero de ellos, denominado Mina Santa Rosa, fue presentado en 1995 y se cerró en 1999 por un desastre ambiental tras derramarse las tinas de lixiviación de cianuro, contaminando los principales ríos del interior del país. El segundo proyecto fue Cobre Panamá, aprobado en 1997, para la extracción de cobre y oro.
En el 2011 el gobierno de Ricardo Martinelli modificó el código minero a través de la Ley 8 de 2011, y el pueblo de la comarca Ngäbe Bugle salió a las calles a luchar contra la minería. En febrero del 2012, el pueblo Ngäbe rechazó modificaciones al código minero y se dieron manifestaciones y enfrentamientos durante seis días, en los cuales Geronimo Rodriguez Tugri y Mauricio Mendezfueron asesinados. Esa misma lucha trastocó la seguridad alimentaria, paralizó el sistema logístico terrestre y generó desabastecimiento de combustible en varias provincias del oeste del país.
Los acontecimientos del 2012 le permitieron al pueblo Ngabe negociar la ley 11 del 2012, que prohíbe la minería a cielo abierto y los proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Ngäbe Bugle. La lucha del pueblo Ngäbe Buglé sentó un precedente importante en la lucha contra el extractivismo y por la dignidad de los Pueblos Indígenas en Panamá.
Orígenes del proyecto Cobre Panamá y Minera Panamá
El proyecto Cobre Panamá había sido aprobado en 1997 por la Asamblea Legislativa de Panamá durante el mandato del Presidente Ernesto Perez Balladares, pero en 2009 entró en un proceso de demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por vicios de inconstitucionalidad. No fue sino hasta el 21 de diciembre de 2017 que la CSJ dictó sentencia y estableció que el contrato de dicha mina es inconstitucional, dejando sin efecto lo firmado en 1997.
Durante 20 años la mina cambió de dueños entre canadienses, siendo el comprador más reciente First Quantum Minerals, empresa que gestiona la mina a través de una filial panameña llamada Minera Panamá S.A. La minera y su filial apostaron por construir a pesar del fallo, y presentaron recursos de aclaración e interpretación ante la CSJ. Este proceso duró cuatro años, tiempo suficiente para iniciar la extracción de cobre, oro y molibdeno.
La lucha contra la minería ha tenido varios escenarios, pero desde 2021 organizaciones ambientales comenzaron a presionar con mayor fuerza sobre el tema minero y pasaron a conformar el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería(PVMSM). El 24 de junio del mismo año presentaron un anteproyecto de ley que exige una moratoria minera a nivel nacional. Dicha solicitud fue suscrita por 57 organizaciones sociales y ambientales de Panamá.
Negociación de un nuevo contrato minero
El gobierno actual de Laurentino Cortizo, que asumió el poder el 1 de julio del 2019, decidió hacer lo mismo que el gobierno anterior: no acatar el fallo de inconstitucionalidad, el cual, además, no fue publicado en la Gaceta Oficial de Panamá hasta el 22 de diciembre del 2021, a cuatro años de la sentencia
El movimiento PVMSM sumó desde el mes de mayo de 2021 un ciclo de acciones de calle a nivel nacional, lo que atrajo a un sinnúmero de simpatizantes, especialmente jóvenes, que más tarde serían los principales protagonistas de la lucha antiminera.
En julio de 2021 el gobierno anunció el inicio de un proceso de negociación con la minera, donde el Estado estaría representado por integrantes del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, y Ministerio de Desarrollo Laboral. También participaron el doctor Adolfo Ahumada, el licenciado Manuel Orestes Nieto, el doctor Daniel Esquivel, la ingeniera Ana Méndez, el doctor Marcel Salamín, el doctor Nils Castro, y el abogado Roberto Ábrego, quien es actualmente diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El objetivo de las negociaciones era lograr un nuevo contrato que dé legalidad a Minera Panamá, que operaba hasta la fecha de forma ilegal.
En enero de 2022 el gobierno de Panamá anunció un acuerdo que obligaba a la minera a garantizar un pago mínimo anual de regalías por $375 millones de dólares. El Estado calificó este acuerdo como histórico e inédito, declarando que este ayudaría a rescatar a la Caja de Seguro Social y otros proyectos gubernamentales. El acuerdo alcanzado se mantuvo en discusión durante el año, pero se disolvió en diciembre. Durante semanas el gobierno se enfrentó mediáticamente con la mina, estableciendo nuevamente negociaciones el 26 de diciembre del 2022.
El 8 de marzo de 2023 el Gobierno Nacional y Minera Panamá anunciaron un acuerdo final del contrato que básicamente repetía los mismos vicios de inconstitucionalidad del contrato anterior, sumando una cantidad de concesiones indebidas, como por ejemplo:
- El derecho a solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil la emisión de restricciones de vuelo temporales o permanentes a terceros sobre el Área de la Concesión hasta 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, por motivos de seguridad.
- Amplias facultades para adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado o de propiedad privada sin límite, dentro o fuera de la concesión.
- Más de 4 mil hectáreas adicionales para la operación del proyecto, llevando el área total de uso y servidumbre a 17,780.38 hectáreas.
- Permiso para duplicar el tiempo de concesión del contrato anterior.
- La obligación de aprobar concesiones para la exploración y posteriormente extracción de oro, plata y molibdeno.
- Permiso a la empresa de entrar en un periodo de suspensión de operaciones por bajas del precio del cobre en el mercado internacional, o alzas imprevisibles de costos que hagan que la explotación del proyecto no sea económicamente rentable.
El 3 de agosto de 2023 el Ministro de Comercio e Industrias presentó ante la asamblea el contrato ley para que asigne a la Comisión de Comercio e inicie la primera fase de consulta ciudadana. Este proceso terminó el 1 de septiembre, con un aproximado de 230 personas que hablaron en contra y a favor de la mina. A petición de la ciudadanía, los miembros de la Comisión se trasladaron a las comunidades vecinas del proyecto minero: San Miguel de la Borda en la provincia de Colón, Coclesito en la provincia de Coclé y finalizaron su recorrido el 7 de septiembre en Llano Grande, de la Pintada de Coclé.
La Comisión de Comercio también visitó la mina el 19 de septiembre, y regresó el 29 de septiembre a la asamblea, donde 5 de 9 diputados votaron en contra del contrato de ley por inquietudes sobre la capacidad de la empresa para adquirir, arrendar o usufructuar tierras ya sean estatales o privadas, dentro o fuera del área de concesión. El contrato dejaba la posibilidad de expropiación de tierras en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios. También podría servir como marco de referencia para futuras concesiones similares con los otros contratos de explotación que están vigentes.
Tras este proceso, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió solicitar al órgano ejecutivo que retirara el proyecto y que haga modificaciones sobre las inquietudes ampliamente señaladas por los diputados que estaban en contra y por los ciudadanos que participaron en la primera etapa.
El 18 de octubre el órgano ejecutivo entregó las modificaciones al proyecto de contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A. a la Asamblea Nacional, y estas fueron aprobadas en un tiempo récord de tres días. La noche del 20 de octubre el presidente sancionó y publicó el contrato Ley 406 en la Gaceta Oficial de Panamá.
Lucha en las calles contra el contrato minero Ley 406
Durante todo el proceso el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y La Alianza del Pueblo Unido, compuesta por obreros, estudiantes, educadores, profesionales, Indígenas y ambientalistas, se manifestaron en contra del proyecto de ley y exigieron su derogación inmediata para dar fin a la mina de Cobre en Donoso.
Con la firma del presidente Laurentino Cortizo, el viernes 20 de octubre, el pueblo salió a las calles a manifestarse en todas las provincias de Panamá. Para sorpresa del gobierno, los jóvenes se autoconvocaron y para el 23 de octubre llegaron a superar las 15 mil personas. Al final de la semana la movilización se convirtió en una multitud de 100 mil personas; un número de convocatoria que solo se compara con la movilizaciones de los años 80 cuando se enfrentaron al régimen militar de Antonio Noriega.
El júbilo de las protestas se propagó por las principales ciudades, pero en las zonas rurales se realizaron cierres de calle que paralizaron la logística terrestre de la carga pesada que se envía a Centroamérica y también la logística nacional. Adicionalmente se cortó el suministro de los productos agrícolas y pecuarios del interior hacia la ciudad de Panamá.
El gobierno reprimió fuertemente a los manifestantes en la ciudad de Panamá y causó lesiones personales agravadas, como es el caso de Aubrey Baxter, joven ambientalista quien perdió la visión. Otros manifestantes recibieron heridas de bala por parte del personal de seguridad de la Policía Nacional.
El 30 de octubre, ante la presión popular, el gobierno emitió un comunicado a la nación proponiendo una ley de moratoria minera para los contratos en trámites y las nuevas solicitudes de exploración minera. Adicionalmente, anunció que hará una consulta popular para el 17 de diciembre donde se le preguntará al país sí está de acuerdo con el contrato Ley 406.
El 1 de noviembre, por solicitud del presidente, la Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para legislar el proyecto de Ley 407, para establecer la moratoria minera a nivel nacional y derogar la Ley 406. Ese mismo día se debatió otro proyecto de ley para la consulta popular que más tarde fue retirado por el poder ejecutivo. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia había admitido un total de 9 demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley 406.
El 2 de noviembre continuaron las protestas a nivel nacional. Un ciudadano europeo asesinó por atropellamiento a Tomás Milton Cedeño García en Horconcitos, provincia de Chiriquí, mientras que en Tierras Altas, el Alcalde Javier Pitti, lideró a un grupo de productores para agredir a los manifestantes Ngabes que se encontraban en el cierre de calle del corregimiento de Volcán. Dicho ataque fue coordinado con las Unidades de Control de Multitudes de la Policía Nacional; hirieron a 12 manifestantes y 6 niños presentaron problemas respiratorios por causa de los gases lacrimógenos. En otras partes de la provincia de Chiriquí se registraron enfrentamientos entre productores y manifestantes.
El 3 de noviembre el presidente Laurentino Cortizo firmó la Ley 407 para la moratoria minera, pero dicha ley excluye el artículo que derogaba la ley 406, porque los diputados de oposición consideraban que era mejor esperar un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia que brindara más seguridad ante posibles arbitrajes internacionales.
A partir del 4 de noviembre el gobierno se quedó en silencio mientras continuaron los cierres de calle a nivel nacional, y las diferentes articulaciones que se oponen a la minería se dividieron en dos bloques. Un bloque espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el otro exige la derogación inmediata de la ley 406.
El 6 de noviembre el periodico La Estrella de Panamá lanzó un editorial lleno de odio y racismo contra el pueblo Ngabe Bugle donde expresan los siguiente:
“El Estado panameño ha invertido millones de dólares en la comarca Ngabe Buglé. Ha subsidiado a su población por décadas. ¿Cuál es el resultado? Ninguno. En lugar de la preservación de la comarca, cada día está más latinizada. Su discurso de que preservan la madre Tierra, no es real. Los ríos ya muestran signos de contaminación, el uso del plástico reemplazó los implementos autóctonos. La deforestación aumenta cada día. En el área florecen los cultos que sacrifican a personas y a cada rato nos llegan noticias de violadores de niños. ¿En realidad se debe seguir invirtiendo de la forma cómo lo hacemos en esa comarca? La diferencia de los ngâbes con las otras comarcas, es que son estos indígenas con los que tenemos problemas.”
La posición del periodico la Estrella sobre el ataque a los manifestantes ha sido la misma que practican otros medios de comunicación, donde desinforman y estigmatizan a los movimientos sociales y sindicatos que luchan contra la minería. Incluso tildan a los manifestantes de terroristas, vándalos y comunistas.
La política de odio fue alcanzando mayores niveles de tensión, y durante un cierre de calle el 7 de noviembre, en el distrito de Chame, un ciudadano norteamericano tomó su arma de fuego y asesinó a los educadores Iván Mendoza y Abdiel Díaz, que se encontraban protestando en la vía panamericana.
El pueblo panameño se mantuvo en vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia mientras que la gran mayoría de cierres de calle a nivel nacional se mantuvieron cerrados parcialmente. El silencio del gobierno empezó a generar tensiones en algunos sectores productivos que demandaban la apertura de las vías, generando confrontación de pueblo contra pueblo.
El 23 de noviembre la Corte Suprema de Justicia cerró el periodo de alegatos y se declaró en sesiones permanentes para dar inicio a la revisión de 126 alegatos recibidos de las dos primeras demandas admitidas. Mientras el pueblo esperaba, se recibieron dos noticias desagradables: se había firmado un nuevo decreto para la pesca de arrastre, y el gobierno había entregado auxilio económico a familiares de los políticos que hoy nos gobiernan. Esto generó aún más rechazo al gobierno nacional.
En medio de tanta confusión el 28 de noviembre, día en que se conmemora los 202 años de la independencia de Panamá de España, la Corte Suprema de Justicia anuncia el nuevo fallo donde declara inconstitucional la ley 406 y le da fin definitivo a la mina de First Quantum Minerals.
La lucha del pueblo panameño logra una nueva victoria popular contra todo pronóstico, y renueva el sentimiento patriótico que ya había protagonizado en el siglo pasado la expulsión del enclave colonial de EE.UU.
A pesar de la victoria, aún queda pendiente estar vigilantes al proceso de cierre de mina y detener la persecusión que mantiene el gobierno contra los indígenas, líderes sindicales, ecologistas y educadores que hoy enfrentan procesos de judicialización.
“Solo el pueblo salva al pueblo”
--Jonathan González Quiel es un ambientalista y cofundador de QGIS PANAMÁ.
