Traducción por Alerta Minera Canadá de la noticia original que salió el 29 de agosto de 2011 en el periódico nacional The Globe and Mail
(Toronto) La Policía Montada Real Canadiense (RCMP) ha allanado la oficina de una compañía minera canadiense en Calgary, alegando en una declaración jurada que la compañía canalizó coimas en la cuenta bancaria personal del alcalde de un pueblo pequeño en México para cerciorar su protección frente a las acciones de manifestantes anti-minería.
El 20 de julio, un equipo de la policía montada llevó a cabo una orden de registro en la oficina de Blackfire Exploration Ltd., una compañía junior privada cuyas operaciones en el estado mexicano sureño de Chiapas están asediadas por problemas desde el 2009, cuando asesinaron en un tiroteo desde un carro a un enérgico líder que se oponía a su mina de barita.
No se han formulado cargos contra la compañía, que indica que está cooperando por completo con la investigación de la policía. La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la policía montada para hacer cumplir el Acto de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros – la ley que prohíbe el pago de coimas en el extranjero.
El policía Terri Lynn Batycki alega en una declaración jurada a favor de la solicitud de la orden de registro que la compañía le pagó al alcalde local, Julio César Velázquez Calderón, alrededor de $19.300 (CDN) de manera ilegal ‘para mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alcen en armas contra la mina.’
Cuando las demandas del alcalde se volvieron más exorbitantes e indecentes – incluyendo solicitudes de pasajes aéreos y una “noche sexual” con quien fuera en un momento modelo de Playboy, Niurka Marcos – la compañía elevó quejas ante el gobierno estatal indicando que se los estaba extorsionando, alega Batycki.
Blackfire indicó mediante una declaración que en ningún momento le pagó coimas a nadie de manera consciente. La compañía, que empezó a minar en México en el 2008, explicó que pensaba que los miles de dólares que había transferido eran para el beneficio de los habitantes del pequeño pueblo de Chicomuselo, destinados para su feria y otros gastos públicos.
“Cuando supimos que los fondos posiblemente se estuvieran utilizando con otros objetivos, tomamos medidas inmediatamente para frenar los pagos…” dice la declaración. “Demostramos nuestra gran preocupación que las contribuciones para el pueblo no se estuvieran utilizando de la manera adecuada.”
Basándose en los registros bancarios de la compañía, que se obtuvieron mediante órdenes de producción aprobadas judicialmente, al igual que documentos de México, Batycki alega que la filial mexicana de Blackfire transfería regularmente pagos mensuales directamente a la cuenta bancaria personal del alcalde Calderón.
Sin embargo, no fueron las alegaciones de coima las que llevaron en un principio al escrutinio público de Blackfire. En el 2009, cuando el alcalde dejó de apoyar la mina, los manifestantes tomaron el sitio. Para noviembre, la tensión era elevada y se arrestó a tres hombres – un empleado de Blackfire, al igual que un antiguo empleado y un contratista – en relación al asesinato del activista anti-minería Mariano Abarca Roblero.
El asesinato de Abarca no es objeto de la investigación de la policía montada y Blackfire ha criticado el atentado, pero el homicidio incitó a varias organizaciones de justicia social, tales como Alerta Minera Canadá, a viajar a México y a instar a la policía montada a que investigue las alegaciones de corrupción.
Alexandra Wrage, cuya organización sin fines de lucro TRACE International brinda capacitación a compañías y grupos de presión sobre el acatamiento de las leyes anti-soborno, dijo que las alegaciones sobre las necesidades crecientes del alcalde Calderón representan un patrón conocido.
“En cuanto uno se etiqueta como compañía que acepta jugar el juego, las solicitudes en general aumentan tanto en cantidad como en valor – y en este caso, en exorbitancia,” dijo Ms. Wrage. “Una vez que te acuestas con estos tipos, se pierde control de la situación con mucha rapidez.”
La investigación forma parte de más de una veintena que, según indica la policía montada, están examinando sus unidades anti-corrupción, las cuales se inauguraron en el 2008. En junio, la compañía Niko Resources, basada en Calgary, pagó una multa de $9,5 millones luego de declararse culpable de sobornar a un ministro de energía de Bangladesh con una camioneta todoterreno de lujo, al igual que un viaje a Calgary, Nueva York y Chicago.
El presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, Pierre Gratton, indicó que sus miembros apoyan la ley. Enfatizó que Blackfire no era miembro.
Dijo que no le parecía que las coimas fueran un problema serio en la industria, pero agregó: “Si hay compañías que tienen problemas con la ley el gobierno debería lidiar con las compañías si las descubren.”
- Con un informe de Andy Hoffman